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Key Publications

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Nature and biodiversity underpin economies, livelihoods and human well-being. Yet biodiversity is being lost at an unprecedented pace due to climate change, land-use change, pollution and unsustainable economic activities.

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Insurance can play a crucial role in biodiversity conservation by providing financial protection against risks to natural assets, incentivizing sustainable practices, and securing key investments.

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In 2022, countries adopted new global biodiversity targets under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), revisiting many goals that had gone unachieved or underachieved over the past decade.

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Global Biodiversity Expenditure (GLOBE) is a taxonomy that categorizes all potential public expenditures for biodiversity.

The taxonomy consists of two components:

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The BIOFIN Workbook 2024 provides detailed guidance to design and implement national biodiversity finance plans.  These are not mere plans. They set out a process to engage a coalition of actors around the issue of biodiversity finance for an extended time.

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At the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 15 (CBD COP 15) in 2022, countries agreed to review and update their National Biodiversity Strategy and Action Plans

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Well-intentioned subsidies aimed at socio-economic goals can have unintended negative impacts on the environment, including biodiversity. The BIOFIN team has developed a step-by-step guide to repurpose such subsidies and improve their positive impacts on people and nature.

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The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) calls for a whole-of-society approach to halting and reversing nature loss.

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This webinar is aimed at exploring sustainable finance mechanisms under GBF Target 19, featuring expert insights on bridging public and private investment through frameworks and case studies, and a Q&A session to advance nature-positive investments.

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The Biodiversity Finance Plan (BFP) summarizes all findings from the national biodiversity finance review process guided by the BIOFIN approach. It attempts to present a coherent and comprehensive national approach to biodiversity finance that encompasses a full suite of finance solutions, well beyond the mobilization of new and additional resources, engaging the public sector, private sector, and civil society. The goal is to produce a nationally validated Biodiversity Finance Plan that proposes steps to implement a mix of finance solutions to expand and improve the country’s biodiversity finance and achieve national biodiversity targets. The BFP offers a comprehensive array of financial solutions and implementation strategies aimed at assisting the Government in urgently addressing the US$60 million biodiversity financing gap identified by the BIOFIN research in Uzbekistan. If fully implemented under the best-case scenario, the proposed BFP has the potential to mobilize up to $3,6 billion by 2034, making a significant contribution to the achievement of national biodiversity conservation objectives.

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The Financial Needs Assessment (FNA) for Uzbekistan’s biodiversity sector identifies a funding gap of almost US$60 million for key biodiversity conservation activities envisaged in the current National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) covering the period of 2024-2028. This gap highlights the urgency of securing additional funds to address the most pressing challenges in the protection and sustainable use of natural resources. The FNA makes several recommendations, including increasing domestic budget allocations, engaging more effectively with international donors, and exploring innovative financing mechanisms. Strengthening financial governance and improving tracking systems have been identified as essential for fostering growth in public and private investments in nature. Implementing these strategies is crucial for achieving Uzbekistan's biodiversity goals and ensuring sustainable development.

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Este documento analiza la evolución y los aspectos contables y tributarios de los Bancos de Hábitat en Colombia, un mecanismo clave para compensar la pérdida de biodiversidad mediante la conservación de ecosistemas. Los Bancos de Hábitat permiten a empresas adquirir créditos de biodiversidad para cumplir con sus obligaciones ambientales, como parte de la compensación por impactos ecológicos generados por sus proyectos. En el ámbito tributario, se destaca la necesidad de clarificar el tratamiento contable de estos activos, considerando su naturaleza como bienes intangibles. El documento, desarrollado con la participación del PNUD y BIOFIN, plantea recomendaciones para mejorar la implementación y operación de estos bancos, sugiriendo políticas públicas que promuevan su expansión. A pesar de su potencial para movilizar financiamiento privado hacia la conservación, el documento señala desafíos como la necesidad de fortalecer la confianza entre actores y superar barreras legales y administrativas. Se destaca también la interconexión entre los mercados de carbono y biodiversidad, y la importancia de estos mecanismos para cumplir con los compromisos ambientales de Colombia, así como su contribución a la restauración y conservación de ecosistemas amenazados.

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En este documento presentamos recomendaciones para la inclusión de instrumentos y mecanismos de mercado en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad - PAB de Colombia, en línea con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. Ante la brecha de financiamiento global, estimada entre USD 599.000 millones y USD 824.000 millones por año, Colombia también enfrenta una escasez de recursos para implementar su PAB. En este contexto, la Meta 19 del GBF propone movilizar USD 200.000 millones anuales de diversas fuentes para cerrar esta brecha. El documento sugiere integrar mecanismos basados en el mercado para atraer inversión privada hacia la protección de la biodiversidad, destacando los créditos de biodiversidad, los Pagos por Servicios Ambientales - PSA y los bonos verdes como los instrumentos con mayor potencial para Colombia. Estos mecanismos, orientados a la movilización de capital privado, se identifican como voluntarios y con alta capacidad de generar resultados positivos medibles para la biodiversidad. También se abordan recomendaciones en tres áreas: institucional, regulatoria y técnica, para crear un entorno favorable a la implementación de estos instrumentos. Entre ellas se destaca el fortalecimiento de capacidades en entidades públicas, el desarrollo de estándares de alta integridad para los mercados de biodiversidad, y la creación de un sistema de monitoreo y reporte unificado. Estas acciones buscan cerrar las brechas de financiamiento y promover un desarrollo rural sostenible mediante la colaboración público-privada.

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En este documento analiza el desarrollo de los créditos de biodiversidad voluntarios - CBV en Colombia, un mecanismo emergente para movilizar recursos destinados a la conservación de la biodiversidad. Dada la importancia de los servicios ecosistémicos en Colombia y el déficit de financiamiento para la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad 2016-2030, se destacan los CBV como una oportunidad clave para atraer inversión privada y cerrar esta brecha financiera. Los CBV, definidos como unidades transables que representan mejoras medibles en biodiversidad, no se utilizan para compensar daños ambientales, sino para fomentar acciones voluntarias de conservación. El documento describe el estado actual del mercado de CBV en Colombia, incluyendo las unidades transables, las certificaciones disponibles, y los actores involucrados en la cadena de valor, como desarrolladores de proyectos, verificadores y compradores. A pesar del interés de empresas nacionales e internacionales, el mercado aún es incipiente y enfrenta desafíos como la falta de transparencia, altos costos de estructuración y la necesidad de metodologías de monitoreo eficientes. El documento propone una hoja de ruta para fortalecer este mercado, basada en principios de alta integridad, transparencia y trazabilidad, con el fin de crear confianza en los actores del sector privado y aumentar su contribución a la conservación de la biodiversidad en Colombia.

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En este documento se ofrecen lineamientos para establecer Bancos de Hábitat en territorios colectivos de Colombia, reconociendo el papel crucial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Los Bancos de Hábitat permiten compensar la pérdida de biodiversidad mediante la generación de créditos de biodiversidad, que pueden ser comprados por empresas para cumplir con sus obligaciones ambientales o como inversión voluntaria. Se proponen salvaguardas sociales y ambientales para asegurar la participación plena de las comunidades, respetando sus derechos y conocimientos tradicionales. Además, se enfatiza la importancia de los territorios colectivos en la protección de los ecosistemas del país, donde el 53% de los bosques naturales están bajo su custodia. El documento también analiza el marco normativo colombiano y presenta una hoja de ruta para implementar estos bancos, destacando la oportunidad de atraer capital privado para la conservación. Se subraya la necesidad de garantizar la equidad en la distribución de los beneficios y la implementación de consultas previas, libres e informadas, para asegurar que los proyectos respeten las costumbres y formas de gobernanza de las comunidades.

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Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, alberga cerca del 10% de la biodiversidad global gracias a su riqueza de ecosistemas y su ubicación geográfica. Este país destaca por tener más del 50% de los páramos del mundo, cruciales para la regulación climática y el suministro de agua, además de ser hogar de una rica diversidad de aves y plantas. Sin embargo, la relación entre desarrollo económico y degradación ambiental en Colombia evidencia un modelo insostenible que requiere una transición hacia un desarrollo humano sostenible basado en la naturaleza.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, mediante la Iniciativa BIOFIN, impulsa desde 2015 estrategias financieras para la gestión sostenible de la biodiversidad. Estas estrategias buscan movilizar recursos y diseñar soluciones que protejan ecosistemas críticos en riesgo, alineándose con compromisos internacionales como el Marco Global de Diversidad Biológica Kunming–Montreal.

En este contexto, Colombia presentó en la COP16 su Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) y ha avanzado en la actualización de la línea base de gasto en biodiversidad mediante la Revisión del Gasto en Biodiversidad (BER). Este análisis presentado en este documento, está basado en datos del período 2014-2023 provenientes de diversas entidades públicas y privadas, identifica oportunidades y desafíos clave para movilizar y redirigir recursos hacia la conservación.

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En Colombia, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos enfrentan la “tragedia de los comunes”, priorizándose frecuentemente el bienestar individual sobre el bien común. Este conflicto entre crecimiento económico y sostenibilidad ha motivado la construcción de un marco normativo e institucional que reconoce la biodiversidad como un eje estratégico para el desarrollo. Sin embargo, persisten desafíos significativos para equilibrar el desarrollo económico, el bienestar humano y la conservación de la naturaleza.

Desde la Ley 99 de 1993, se ha promovido la integración de la biodiversidad en la planificación nacional a través de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - PNGIBSE. Esta política fomenta acciones conjuntas entre los sectores público, privado y la sociedad civil, y analiza los motores de transformación y pérdida de biodiversidad para identificar relaciones sectoriales y actividades económicas que afectan los ecosistemas.

En este contexto, se actualizó la Revisión Institucional y de Políticas para la Biodiversidad en Colombia - PIR, en línea con el Manual BIOFIN 2024. Este análisis busca entender cómo interactúan la economía nacional, el marco normativo y los motores de cambio en la biodiversidad. También evalúa las relaciones positivas y negativas entre estos factores y el desarrollo humano, con el propósito de fortalecer el Plan de Acción de Biodiversidad.

El documento propone estrategias para mejorar la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad, reconociendo el papel clave de todos los sectores en la construcción de un desarrollo equilibrado que integre crecimiento económico, desarrollo humano y sostenibilidad ambiental.

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Viet Nam is recognized as one of the world’s important biodiversity centres, with diverse ecosystems, species and genetic resources that underpin livelihoods, economic development and human well-being. However, the country’s biodiversity continues to decline due to habitat loss, overexploitation of natural resources, pollution, invasive species and climate change. In response, the Government of Viet Nam approved the National Biodiversity Strategy to 2030, with a vision to 2050, establishing national priorities for conserving and restoring ecosystems, protecting threatened species and integrating biodiversity into sustainable development.

Effective implementation of the Strategy will require substantial and sustained financial resources. Developed under the Biodiversity Finance Initiative, this publication assesses Viet Nam’s capacity to mobilize finance for implementing the National Biodiversity Strategy and Action Plan. It builds on reviews of relevant policies, legal documents and previous BIOFIN assessments, complemented by stakeholder consultations and field research. The report examines existing and potential financing sources, evaluates the feasibility of proposed biodiversity-finance solutions and identifies priority actions for addressing the country’s biodiversity-finance gap.

The analysis draws from the estimates that implementing selected key biodiversity targets during 2024–2030 will require at least VND 114,718 billion, with an annual financing shortfall equivalent to approximately 17–33 per cent of total needs. To help close this gap, the publication explores opportunities to improve the allocation and effectiveness of public expenditure, mobilize private-sector and community investment, diversify revenues for protected areas, strengthen ecosystem-service payment mechanisms and prepare emerging instruments such as biodiversity offsets and biodiversity credits.

The report provides practical recommendations for government agencies, protected-area authorities, financial institutions, businesses, development partners and local communities. It emphasizes the importance of strengthening the enabling legal and institutional framework, improving biodiversity information systems, integrating biodiversity into public and private investment decisions, expanding green finance and promoting locally grounded models that connect conservation with sustainable livelihoods. In doing so, the publication offers a strategic foundation for mobilizing and directing finance towards Viet Nam’s biodiversity priorities through 2030 and beyond.

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In 2022, countries adopted new global biodiversity targets under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), revisiting many goals that had gone unachieved or underachieved over the past decade. The global biodiversity finance gap has now expanded to an estimated US$598 billion to US$824 billion per year, while total spending by all countries remains substantially lower at approximately US$121 billion annually. Around 80 percent of all biodiversity funding currently originates from public budgets, underscoring the critical role that domestic public financing will need to play in achieving the GBF targets.

Results-based budgeting (RBB) offers a strategic approach that aligns funding with specific, measurable outcomes, ensuring resources are used effectively and efficiently to achieve concrete conservation results. This approach fosters accountability and enhances performance, ultimately contributing to better protection and restoration of biodiversity. While biodiversity is not an isolated economic sector, it is a global development priority that requires coordinated action across multiple sectors within countries, including agriculture, fisheries, tourism, and forestry.

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Shanghai, located at the confluence of the Yangtze River and the East China Sea, is home to diverse ecosystems, including wetlands, forests, and coastal habitats. Chongming Island, a key stopover for migratory birds, hosts some of the highest avian diversity among global megacities. These ecosystems are vital for biodiversity, providing essential services and supporting a wide range of species. Over the years, Shanghai has dedicated itself to integrating biodiversity conservation into its urban and economic development frameworks through comprehensive policies and regulations. Shanghai has made significant progress in biodiversity conservation, strengthening policies, institutional structures, and research, fostering international cooperation, and increasing public awareness.

Despite these efforts, the city’s biodiversity faces persistent challenges from urbanization, land-use changes, pollution, invasive species, climate change, and new pollution. These factors contribute to habitat fragmentation and environmental pressures. 

To address funding needs, Shanghai, as one of the most important finance centers in mainland China, has developed financial mechanisms such as green finance tools, including green bonds and eco-friendly products, to supplement public investments. Reforestation and recognizing Chongming Dongtan’s coastal blue carbon ecosystem for its carbon sink potential have shown positive results, with plans for blue carbon trading.

Shanghai is also exploring innovative financial solutions to bridge the biodiversity financing gap, including increased fiscal investments in nature reserves, the establishment of ecological payment systems, and refined green tax policies. These efforts aim to attract private investment and support the long-term sustainability of biodiversity conservation, aligning with market-based approaches like nature-based solutions (NbS) and carbon market expansion.

This Shanghai Policy and Institutional Review (PIR) summary report provides an overview of the policies from previous years, identifies gaps, and offers recommendations for improvement.

The policy recommendations emphasize boosting fiscal investment, establishing diverse payment mechanisms, improving tax incentives for biodiversity-friendly enterprises, and more. Shanghai is committed to further developing its green finance system and promoting private sector involvement in conservation efforts, ensuring a sustainable future for both the environment and economy.

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